jueves, 22 de julio de 2010

Una crisis creada por y para el capital

Según un informe realizado por Merril Lynch y Capgemini la cifra de personas con patrimonios elevados (activos de inversión mínimos de un millón de dólares excluyendo primera vivienda y consumibles) aumentó un 12,5% en el 2009, pasando de 127.000 personas en el 2008 a 143.000 personas en el 2009.

Ante estos datos y los de la EPA, podemos afirmar que en España el número de ricos creció en el 2009 en 16.000 personas, mientras la cifra de desempleados se incrementaba, ese mismo año, en 1.118.600 personas. Es decir que una minoría acumulaba capital, mientras cientos de miles de trabajadores perdían lo básico: su empleo, su salario.

Dice el informe de Merryl Linch y Capgemini que España se sitúa en la duodécima posición del ranking global de los países con mayor número de grandes patrimonios, mientras la cifra del paro, en nuestro país, sobrepasa ya los 4 millones de parados.

Este incremento en el número de ricos que coinciden con la media europea, aunque dobla al de Alemania y supera al de Francia e Italia, se debe, según el estudio, al aumento de la capitalización bursátil (cotización de los mercados, salidas a bolsa, ampliaciones de capital) en un 36,5%.

El 7 de julio, por ejemplo, subía la bolsa española un 3,8%, cuando no se esperaba tanta subida, porque el día anterior había subido un 3,59% y habían optado por la recogida de los beneficios. ¿Quién subía y recogía beneficios? La banca y las grandes empresas.

El Banco de Santander subía un 6,47%, BBVA un 6,25%, Bankinter un 9,61%, el Banco Popular un 9,27%, el Banco de Sabadell un 6,92%, el Banesto un 6,63%, Iberdrola el 3,8%, Telefónica y Repsol (ambas privatizadas al igual que el Grupo Argentaria que forma parte ahora del BBVA), el 2,96%.

Son recursos que escapan del ámbito productivo, atraído por las altas rentabilidades financieras, con lo cual el sistema capitalista se sigue asentando sobre una hipertrofia financiera, basada en una economía de papel, que no tiene nada que ver con la economía real.

Pero la Unión Europea (UE) que ha dado el paso para limitar a partir de enero las primas a los banqueros, de manera a que no tomen riesgos “excesivos”, sigue sin lograr un acuerdo entre la Eurocámara y los gobiernos para poner en marcha un nuevo y más estricto sistema comunitario de supervisión financiera.

Por el contrario, sí han puesto en marcha las políticas neoliberales (en España, las medidas contra la crisis y la reforma laboral), con el fin de invertir la distribución para favorecer el incremento de los beneficios en detrimento de los salarios y del empleo. También han puesto en marcha una campaña para denostar todo lo público y ampliar el ámbito del beneficio privado, argumentando que las prestaciones y servicios públicos, la regulación estatal y la participación del sector público en la economía son negativos, mientras las privatizaciones y la extensión del mercado son positivas.

No son razones relacionadas con la eficiencia económica las que llevan a la privatización de la economía. Son simple y llanamente intereses económicos que tratan que una minoría (los capitalistas) sea más rica, a costa de que la mayoría (la clase trabajadora) sea más pobre.

Para forzar ese cambio en el equilibrio de poderes dentro de la sociedad, el capitalismo necesita debilitar a los sindicatos y a las organizaciones sociales y políticas cuya existencia contrapesa el funcionamiento del mercado y el poder de los grupos que lo controlan.

Y la clase trabajadora necesitamos reforzarlos, para la defensa de los intereses inmediatos – salarios, condiciones laborales, empleo, prestaciones sociales, etc. – y para reivindicar una serie de medidas que cuestionen el sistema en profundidad: el cambio en el papel del Estado que debe controlar los sectores claves de la economía, ser un instrumento para la satisfacción de las necesidades colectivas, crear empleo, y a escala europea, restringir los movimientos de capital y luchar por una Europa edificada sobre bases diferentes a las que se han diseñado en todos los Tratados a partir de Maastricht (1992).

Por todo ello, es necesaria una respuesta contundente de la clase trabajadora española, de la clase trabajadora europea. Tenemos la oportunidad de empezar a hacerlo, con fuerza, todos/as juntos/as, en la Huelga General y en la jornada de lucha de toda Europa, el 29 de septiembre.